Cadena perpetua a los represores de “1 y 60”, “Comisaría 2da y 8va”

Una delegación de la CTA Autónoma bonaerense, entre la que estuvo ATE provincia de Buenos Aires, presenció este jueves en los tribunales de la calle 8 y 50 de La Plata (Tribunal Oral Federal N° 1) la condena a prisión perpetua de 11 represores por crímenes cometidos en los Centros Clandestinos de Detención conocidos como "1 y 60", "Comisaría 2da" y "Comisaría 8va", contra 300 víctimas que eran trabajadores y trabajadoras de fábricas y empresas estratégicas de la región de La Plata, Berisso y Ensenada (Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, SIAP, YPF y el Frigorífico Swift).

Estuvieron presentes la secretaria de DD.HH de ATE bonaerense, Griselda Cavaliere; el secretario gremial de la CTAA bonaerense y administrativo de ATE bonaerense, Carlos Díaz; la secretaria de DDHH, Rosario Hasperué; la secretaria de Previsión Social, Alejandra Brillante; el secretario general de la CTAA de La Plata e integrante de la agrupación HIJOS, Emiliano Hueravilo; la integrante de HIJOS y afiliada a ATE, Sofía Arroyo; el secretario de DD.HH de la CTAA Lanús e integrante de HIJOS, Luis Borzi; y la secretaria general de la CTAA de Berisso, Catalina Cejas. 

La CTA Autónoma participó de las querellas del juicio, como lo hizo en muchos otros casos contra represores de la última dictadura, con la representación en esta oportunidad de la abogada Josefina Rodrigo, quien llevó adelante una querella unificada junto a la APDH y la UNLP. 

Griselda Cavaliere expresó que “el centro clandestino de detención que funcionó en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense en La Plata, conocido como ‘1 y 60’ tuvo a una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores como víctimas principales. El desarrollo de este juicio, a través del valiente testimonio de los sobrevivientes, demostró que el blanco principal de la dictadura fue la clase trabajadora organizada”.

“Es fundamental, especialmente en estos tiempos de fascismo del gobierno nacional y de sus aliados, donde la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales vuelven a ser el destinatario de los ataques y recortes de derechos, mantener viva la memoria y las luchas de las trabajadoras y los trabajadores que fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos y asesinados”, enfatizó.

El Tribunal, que estuvo integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Baso, tuvo en cuenta en la sentencia  los delitos sexuales denunciados por muchas de las víctimas, condenando a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a Jorge Alberto Crinigan, Israel Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Rubén Vicente Shez, Enrique Armando Cicciari, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, y al civil Jaime Lamont Smart, quien se desempeñaba como ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires al momento de los hechos.

En tanto, Lucas Marcelo Castro recibió la pena de 18 años de prisión y Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que está imputado además en el Juicio CNU 2 y recibió la pena de 25 años de prisión.