Conflicto municipal en Azul: tras días de acampe y protestas, el intendente se comprometió a pagar lo adeudado

Trabajadores y trabajadoras municipales de Azul lograron un triunfo en las últimas horas al confirmarse por parte del ejecutivo local el pago de lo adeudado en los salarios correspondientes a septiembre.

Desde hace semanas estatales enrolados en la Asociación Trabajadores del Estado vienen en conflicto con el intendente Nelson Sombra quien había anunciado un achicamiento del salario de miles de trabajadores y trabajadoras con una carga laboral superior a las 42 horas semanales.  

El conflicto se originó a partir de la publicación de un decreto municipal de emergencia económica y administrativa por el cual se definía un descuento en los haberes municipales, pasando a toda la planta a un régimen menor a 40 horas, afectando a unos 1.100 empleados públicos de una planta total de 1800.

“Denunciamos ante el Ministerio de Trabajo que esto es un derecho adquirido por compañeros y compañeras que tienen hasta 30 años de trabajo sobre todo en Salud y Obras Públicas que son compañeros que están con una carga horaria mayor a 40 horas. El Ministerio de Trabajo interviene y dicta la conciliación obligatoria, obligando a retrotraer las medidas del municipio. Cuando el municipio va a pagar el mes de septiembre pagan a la baja, lo que implica entre un 15% y un 24% menos de salario según la recategorización de cada trabajador. Como vimos que el ejecutivo no había cumplido con la conciliación obligatoria empezamos con un acampe. Después de tres días de permanencia en el día de hoy el intendente dio una conferencia de prensa diciendo que iba a pagar lo adeudado”, aseguró Eduardo Bercovich, secretario general de ATE Azul.

Tras varios días de lucha, el activismo de ATE Azul se mostró optimista y redobló las exigencias para que se garanticen los derechos laborales de los y las municipales, a la espera del fallo que debe darse en el fuero contencioso y administrativo, a cargo del juez Pablo Quaranta, donde se está tramitado el pedido de nulidad del decreto que además de la reducción salarial plantea otorgar al ejecutivo libre disponibilidad de los trabajadores y trabajadoras sin consideración en el resentimiento de los servicios.

“Fue una lucha de muchos días y mucho desgaste pero llegamos a la conclusión de que la única lucha que se pierde es la que se abandona”, concluyó Bercovich.