La niñez no es peligrosa, la niñez está en peligro

El jueves a la mañana, en el hospital de Niños de La Plata, se presentó un informe realizado por la CTA Autónoma, el Foro por la niñez y el espacio No a la baja, del que ATE provincia de Buenos Aires forma parte.

El trabajo detalla el estado de situación en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes frente a la reducción de las políticas públicas por parte del gobierno nacional y ante la introducción de proyectos nacionales que pretenden reducir la edad de punibilidad.

Eliana Aguirre, secretaria general adjunta de ATE bonaerense remarcó que “este encuentro es para mostrar y expresar con acciones lo que decimos con palabras. Si de unidad se trata”, y destacó la presencia de legisladores, ministros, viceministros, y representantes de las y los trabajadores.

Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma bonaerense y secretario gremial de ATE nacional, Oscar de Isasi, indicó: “Nosotros creemos que lo que se debe hacer es invertir en políticas para la niñez, y para ello es necesario un Estado fuerte, democrático, solidario y popular. Es por eso que hoy estamos protagonizando esta actividad enmarcada también en la gran jornada de lucha nacional de ATE. Debemos recuperar el trabajo para padres y madres, para que los pibes vuelvan a tener comida en sus casas y no estén en las calles vendiendo y expuestos a cualquier riesgo”.

La jornada de ayer en el hospital del Niños de La Plata funcionó como instancia de debate y reflexión sobre las políticas para ese sector bajo el lema “La niñez no es peligrosa, la niñez está en peligro”.

Actualmente la edad de punibilidad es 16 años y el proyecto del gobierno nacional pretende llevarla a 13 años. Según datos de un relevamiento de UNICEF del año 2022, que son recuperados en el presente informe, sólo el 0,45% del total de niños, niñas y adolescentes (nnyas) de la Argentina se encuentran involucrados en procesos penales juveniles; y en la provincia de Buenos Aires hubo 1.654 involucrados en procesos penales juveniles en 2022 (0,3% de la población de nnyas).

Sin embargo, el gobierno nacional insiste con la baja de la edad de punibilidad al tiempo que avanza con el desfinanciamiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la niñez en la Argentina. En momentos en los cuales durante el último trimestre de 2023 el 41% de la población estaba en situación de pobreza, mientras que durante el primer trimestre de 2024 escaló al 55%.

A ello se le suma que en el último trimestre de 2023 el 58% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina estaba en situación de pobreza y el 20% no llegaba cubrir la canasta básica alimentaria. Actualmente la pobreza escaló al 70%, la inseguridad alimentaria es del 32% (35% en la región AMBA); el 44% de trabajadores y trabajadoras ocupadas viven en hogares pobres, y el 66% de los informales también se encuentran en esa condición. El Salario Mínimo Vital y Móvil no alcanza a cubrir una Canasta Básica Total.

Pese al incremento de la pobreza, el presupuesto nacional en partidas centrales para la niñez, por ejemplo, evidencia una caída del 75% con respecto a 2023 y hay áreas sin ejecución como el plan de primera infancia, comedores escolares, apoyo de construcción de Centros de Desarrollo Infantil, ESI, entre otros.

Esas, y otras medidas, demuestran el abandono de funciones y misiones de los organismos que tenían como finalidad proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas niños y niñas. Incluso a esta situación se le suma el cierre de los Centros de Referencia pertenecientes al actual ministerio de Capital Humano, el cierre del INADI, y la baja de planes y programas orientados a cultura.

El gobierno nacional encabezado por Javier Milei apuesta a la criminalización de un sector de la sociedad castigado por su modelo económico. Por eso, desde este espacio tenemos que unirnos y poner límites a la avanzada punitivista que se basa en la pedagogía de la crueldad.

El sistema penal no pacífica, no soluciona el problema de la inseguridad, no educa, y no da respuesta a la principal deuda que tiene el país con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.