¿Privatización?ATE provincia fija posición frente a la municipalización del SAE

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El CDP de ATE se manifestó ante el anuncio de pasar a los municipios el SAE. El “Plan de mejora del Servicio Alimentario Escolar” anunciado en conferencia de prensa por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se suma a la serie de decisiones del gobierno inconsultas, a pesar de las advertencias y consultas efectuadas por nuestra organización ante autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Desarrollo Social (todos ellos responsables del sostenimiento y la trasferencia de fondos a los consejos escolares para el SAE).

Frente a este escenario, el gremio advierte que la municipalización del SAE no resuelve los problemas estructurales del funcionamiento de los comedores escolares en las escuelas y la situación socio-ambiental en los barrios.

El argumento del gobierno provincial acerca de que “sólo el 31 por ciento de los desayunos contaron con la presencia de leche o yogurt”, que “un 33 por ciento de las escuelas relevadas no tiene agua de red en la cocina y el 56 por ciento no tiene red cloacal y desagües, ni un lugar de uso exclusivo para comer”; o que “el 61 por ciento de los establecimientos relevados carece de utensilios necesarios para comer y el 98 por ciento no cumple con un programa de capacitación para el personal de la cocina ni con los controles sanitarios y bromatológicos”, son datos que los trabajadores de la Educación venimos denunciando hace años.

También ATE viene reclamando a los gobiernos una solución para la designación y capacitación de trabajadores, incremento de los valores de cupos o sobre cantidad, calidad y valor nutricional de los alimentos.

Además, se advierte que si la cuestión es que a través de una auditoria detectaron contrataciones que no se ajustaban a la normativa vigente, legajos incompletos y pagos sin facturas o con facturas que no cumplían los requisitos, la solución no es mediante la transferencia de los fondos a las Municipalidades sino activando los órganos de control -por ejemplo el Tribunal de Cuentas o la propia administración provincial-.

Por otra parte, se indica que la medida es de dudosa legalidad constitucional cuando la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece, en su artículo 203, establece que la administración de los servicios educativos, en el ámbito de competencia territorial distrital, estará a cargo de los consejos escolares como así también en la Ley Provincial de Educación en el artículo 147.

Además, el artículo 246 del Reglamento General de Instituciones Educativas dice que el Servicio Alimentario Escolar es responsabilidad de los organismos provinciales específicos, es decir de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Desarrollo Social.

El gremio señala que con el plan propuesto por Vidal se le otorgará a los intendentes un poder inusitado con consecuencias imprevisibles para los derechos de los trabajadores auxiliares de la Educación que se desempeñan en los comedores escolares sin quedar establecido con claridad cómo articularán las autoridades en el territorio (Jefes Regionales, Jefes Distritales y Consejos Escolares) con los Intendentes.

ATE está convencido que el Plan denota la visión política e ideológica del gobierno provincial. Así como en los años noventa, con la profundización del neoliberalismo luego de 1976, se transfirió desde la Nación a las provincias los establecimientos educativos dejando atrás la indelegable responsabilidad del Estado de hacerse cargo de la educación pública y su financiamiento. Ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la espalda del voto popular y de la desastrosa gestión de Daniel Scioli, avanza en la descentralización hacia los municipios de responsabilidades consagradas constitucionalmente que ponen en riesgo las conquistas logradas por los trabajadores.

El definitiva, el riesgo cierto es que luego de la prueba piloto en los 12 municipios se plantee la tercerización y/o privatización del servicio.

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