Carta a la gobernadora por militarización de la protesta Rechazo y repudio

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A raíz de los distintos episodios de intimidación y represión de los conflictos laborales y sociales a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, ATE provincia se elevó una carta a la gobernadora Vidal formalizando la denuncia  y responsabilizándola ante cualquier inconveniente.

El secretario general del gremio y de la CTA bonaerense, Oscar de Isasi, dijo que “Hacemos responsable al poder ejecutivo, de cada uno de los actos de represión a trabajadores.  Pretenden intimidarnos para que no reclamemos por mejores salarios, estabilidad laboral, condiciones de trabajo dignas y una mejor prestación del estado para los que menos tienen”.

“Desde ATE y CTA repudiamos y rechazamos la militarización como respuestas al conflicto creciente. Exigimos aumentos de salarios dignos, continuidad laboral de los trabajadores precarizados, plena estabilidad laboral, pase a planta permanente y un  estado al servicio de las mayorías”, cerró De Isasi.

A continuación, compartimos la carta elevada desde el Consejo Directivo Provincial de ATE:

La Plata, 21 de noviembre de 2016.-

 

A LA SEÑORA GOBERNADORA de la

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lic. MARIA EUGENIA VIDAL

S/D:

Oscar de Isasi, argentino, mayor de edad, quien acredita su identidad mediante DNI N° 16.026.406, en su carácter de Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, (ATE), de la provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio especial a los efectos de la presente en calle 8 N° 1135 de la ciudad de La Plata, tiene el agrado de dirigir a Ud. la presente y por vuestro intermedio al señor Ministro de Seguridad de la provincia, funcionario que de Ud. depende, desde lo administrativo-funcional-político; a fin de formalizar expresa protesta en cuanto al avasallamiento de los derechos de los componentes de nuestra organización y de otras asociaciones que hacen a la vida social de nuestra comunidad, y ello constituido en las conductas llevadas adelante por personal de las fuerzas policiales, bajo su órbita, las que, en los momentos de formalizarse actos públicos de protesta y de consolidación de nuestras posturas en cuanto a diversas políticas de estado, nos hemos visto reprimidos y/o con dificultades para tales actividades, por el accionar de las fuerzas policiales ya señaladas.-

Cabe recordar que, conforme lo dispone nuestra Constitución Nacional, la factibilidad de expresar las ideas es libre dentro del territorio de la República Argentina, y si con eso no bastase recordamos, a la vez, que la resolución 25/38 de la Organización de las Naciones Unidas, va en la misma dirección. Siendo que nuestro país ha dado conformidad con la misma.-

Como simples hechos que hacen a las conductas endilgadas, y que han acontecido a lo largo del presente año, cabe recordar, en el mes de enero –principios- en actividad de los trabajadores Municipales de la ciudad de La Plata; lo acaecido a fortiori con los pequeños y medianos productores en la zona de Abasto y Melchor Romero, como así también y luego con ocupantes de tierras en las mismas zonas; ya más cerca en el tiempo lo acaecido con los trabajadores choferes de colectivos de diversas líneas urbanas y sub-urbanas de la ciudad de La Plata-Berisso; ya en los días inmediatos a ésta presentación lo acontecido con compañeros de nuestra organización frente al Ministerio de Salud de la provincia (siendo que los mismos concurrían a una reunión previamente citada por el Subsecretario Administrativo de dicha cartera de estado); o si se quiere lo que sucedió en el Partido de la Costa con compañeros pertenecientes a la Dirección General de Escuelas y ello ante el Consejo Escolar de la zona.-

Habría más situaciones a lo largo y ancho de la provincia, más entendemos a las señaladas como las más emblemáticas.-

Todas tienen en común una masiva presencia policial, la imposibilidad de realizar una manifestación pacífica, la imposibilidad de acceder a los organismos pertinentes en pro de alcanzar diálogo, y en casi todas ellas represión sobre algunos compañeros.-

La posibilidad de reunirse y actuar de forma colectiva es fundamental para el desarrollo democrático, económico, social y personal, la expresión de las ideas y la promoción de una ciudadanía comprometida. Las reuniones pueden contribuir de manera positiva al desarrollo de sistemas democráticos y, junto con las elecciones, desempeñan un papel esencial en la participación pública, pues permiten exigir cuentas a los gobiernos y expresar la voluntad del pueblo como parte de los procesos democráticos.

Las reuniones son también un instrumento mediante el cual pueden expresarse otros derechos sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, lo que significa que desempeñan un papel decisivo en la protección y la promoción de una amplia gama de derechos humanos. Pueden ser clave para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos. Las reuniones son un medio de comunicación no solo con el Estado, sino también con otros interlocutores que ejercen poder en la sociedad, como las empresas, las instituciones religiosas, educativas y culturales, y la opinión pública en general.

El pleno y libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica solo es posible cuando existe un entorno propicio y seguro para la población en general, lo que incluye a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, y cuando el acceso a los espacios de participación pública no se encuentra restringido de forma excesiva o abusiva. Las barreras a la creación de asociaciones y al funcionamiento de estas, la escasa protección de las personas que ejercen y defienden los derechos humanos contra las represalias, los castigos excesivos y desproporcionados en caso de violación de la ley y las restricciones indebidas al uso de los espacios públicos inciden negativamente en el derecho a la libertad de reunión pacífica.

La gestión adecuada de las manifestaciones requiere que todas las partes interesadas protejan y hagan valer una amplia gama de derechos. Las personas que participan en concentraciones gozan de varios derechos protegidos, por ejemplo a: la libertad de reunión pacífica, de expresión, de asociación y de creencias; la participación en la dirección de los asuntos públicos; la integridad física, que comprende los derechos a la seguridad, a no ser objeto de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la vida; la dignidad; la intimidad; y a un recurso efectivo para todas las violaciones de los derechos humanos.

Lo que hemos dejado plasmado precedentemente y que hace al sustento de nuestra pretensión, son las opiniones de los expertos de la ONU con relación a la resolución supra mencionada.-

Es más que evidente que, conductas como las apuntadas, con relación al accionar policial, ante manifestaciones pacíficas, violan nuestro derecho de reunión, de petición y de posibilidad de expresar nuestras ideas.-

Es por ello que peticionamos que cesen tales conductas y que las fuerzas policiales se adecuen al respeto de los derechos humanos fundamentales que pretendemos ejercer y que seguiremos ejerciendo, en forma pacífica y adecuada.-

Queremos dejar expresa constancia de dos situaciones:

1.- La carencia de denuncias penales y/o de tramitaciones de causas que tengas su origen en las actividades públicas mencionadas y que tengan a personas afiliadas a nuestra asociación como imputados;

2.- La existencia de denuncia formulada al Ministro de Seguridad, por la actividad llevada adelante por el personal policial, en la manifestación de choferes de la línea 202, localidad de Berisso.-

Sin otro particular, saludo a Ud. muy ATTE.-

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