Mar del Plata: ATE avanza con las inspecciones y reclamos por condiciones laborales

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ATE sigue luchando por las condiciones dignas de trabajo, reclamando que se cumpla la legislación en materia de seguridad e higiene en el trabajo y salud laboral. Por ello reclamamos ante el Estado Empleador, ante el Ministerio de Trabajo y ante la Superintendencia de Riesgo en el Trabajo (SRT) que se cumpla con la ley 19.587 y el decreto 351/79 garantizando la salud de las y los trabajadores ante los riesgos a los cuales están expuestos.

La ART Provincia (administradora de riesgos) actúa como auto seguro en la provincia de Buenos Aires y en ese rol sigue haciendo la vista gorda ante los diferentes incumplimientos a las obligaciones, sigue recaudando de las arcas de todos los ciudadanos bonaerenses.

La SRT (SuperIntendencia de Riesgos de Trabajo) ante el incumplimiento del Estado Empleador y de la ART Provincia, ha sumariado al Gobierno provincial disponiendo una sanción que se traduce en una multa de más de $500.000 y que tendrá que ser pagada por todos los ciudadanos bonaerenses y que tiene como únicos responsables a los funcionarios y sus políticas.

Es el caso del Centro de Prevención de Adicciones (CPA), en calle Buenos Aires 2855 de la ciudad de Mar del Plata, donde nuestro departamento de Seguridad e Higiene Laboral realizó varios relevamientos detectando numerosas anomalías que fueron denunciadas ante la SRT bajo los expedientes SRT Nº 106445-14, 207150/16, la cual constató y promovió una medida correctiva en ambos casos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires pero fueron incumplidos y dieron lugar a un nuevo reclamo en 2018 y que tuviera como corolario la iniciación del sumario y la multa.

Ningún representante del Estado provincial se presentó a las audiencias de mediación, mostrando una vez más el desinterés no sólo por la salud y la vida de los trabajadores sino además provocando una erogación de dinero que se debería destinar para cubrir las necesidades en los sectores de trabajo y no para pagar multas que en lugar de tener un carácter preventivo muestran la cara sancionatoria de un sistema que prefiere este escenario al de cuidar la vida de los bonaerenses.

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