Presupuesto 2019: Se reduce la partida para protección de derechos mientras se refuerza el aspecto punitivo y el pago de la deuda Charla debate

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Así lo indicaron los expositores en el acampe contra el presupuesto de ajuste de la gobernadora María Eugenia Vidal. Las trabajadoras y trabajadores de justicia, la Comisión por la Memoria (CPM), la Defensoría del Pueblo, el Centro de Protección a la Víctima (CPV), Niñez y el Registro de las Personas protagonizaron la primera charla del día jueves.

La charla estuvo coordinada por Germán Mogilner, dirigente de ATE provincia de Buenos Aires, quien al momento de presentar a los expositores advirtió de “la importancia de la charla en un momento en el cual el gobierno pretende judicializar la protesta social”.

El primero en exponer fue Sergio Raimundo, delegado de la CPM, dijo que “trabajamos en un organismo autárquico que funciona con el presupuesto provincial. Somos 115 personas haciendo inspecciones y trabajo de archivo, pero el presupuesto se disminuye en términos reales”.

Por su parte, Sebastián Salomon, también de la CPM, agregó que “el desfinanciamiento en la CPM hace entraren juego cuestiones contrahegemónicas. Tenemos conciencia de lucha pero nos encontramos con el impedimento de los intereses gubernamentales”.

En lugar de la Defensoría tomó la palabra Pilar Alí, quien expresó que “atendemos población en vulnerabilidad y el presupuesto plantea una disminución presupuestaria del 0.086 al 0.08 por ciento. Lo cual incrementa la gravedad porque se trata de un organismo de control de la gestión provincial”.

Luego Josefina González, también afiliada de ATE en la Defensoría, precisó que “somos la expresión de un proceso de organización sindical que se cristalizo el año pasado con la conformación del primer cuerpo de delegadas y delegados de ATE en nuestro organismo. Un proceso que se vio impulsado por la avanzada del macrismo y un cambio de gestión en la Defensoría en 2016. Y hablamos de esto porque tenemos que discutir cómo enfrentamos el ajuste y el avance contra los derechos humanos fortaleciendo la organización en los lugares de trabajo. Eso es fundamental”.

Florencia Morelli, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, recordó que “tenemos una de las mejores leyes en niñez para la promoción de derechos pero nos encontramos ante barreras institucionales que dificultan su funcionamiento. Y para colmo no puede ser que el dinero destinado para las pibas y los pibes esté supeditado al pago de las deuda, como lo determina este presupuesto”.

Por parte del CPV, Eliana Morrone, también delegada de ATE, apuntó que “asistimos a víctimas de delitos enmarcados en el código penal. Nuestros primeros casos estaban vinculados a la violencia institucional, pero los intereses del propio gobierno lo han limitado”.

En cuanto a la forma de encarar el trabajo, relató que “procuramos trabajar los casos en términos cualitativos, pero lo que nos están pidiendo es volcar los datos para establecer estadísticas perdiendo de vista los casos particulares y despersonalizando las problemáticas”.

A su vez, Gabino Di Salvo, trabajador del Registro de las Personas, añadió que “con la excusa de la modernización se comenzó a implementar el pedido de las partidas vía online. Comenzaron a cerrar delegaciones por cuestiones de costos y esto atentó contra el derecho de los trabajadores”.

Por último, Pablo Abramovich, indicó que “estamos ante una crisis en la cual se desfinancia la justicia por el pago de la deuda. En la Justicia estamos observando un nuevo recorte, porque a pesar de que el presupuesto sigue oscilando el 45 por ciento la planta de trabajadores creció el 40 por ciento. Esto representa un claro ajuste que se financia con la precarización laboral y la falta de infraestructura”.

Y concluyó que “hubo un giro en la inversión destinado a incrementar la faz punitiva como el cuerpo de fiscales en desmedro de la garantía de derechos. El 54 por ciento estará destinado al ministerio público, mientras que años atrás era el 35 por ciento”.

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