“Exigimos a Vidal un Presupuesto con perspectiva de género” Charla-Debate

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En el marco del acampe que protagoniza ATE bonaerense, la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires junto a organizaciones sociales y distintos gremios, se realizó un panel donde distintas trabajadoras compartieron su mirada sobre las políticas de género o la falta de ellas por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, en el marco del debate sobre el Presupuesto provincial. Se hizo hincapié en la falta de capacitación, el abandono estatal y la llamada “ruta crítica” en el acceso a la justicia por parte de las mujeres que sufrieron violencia de género.

La charla coordinada por Valeria Castellanos, integrante del Departamento de Género de ATE Provincia, se inició con la palabra de Mónica Beresovsky, integrante la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP): “Nosotras tenemos puesta nuestra mirada en las situaciones que tiene que ver con la violencia, licencia laboral por violencia de género que sigue sin ser reglamentada y que efectivamente se cumpla el protocolo de prevención en situaciones de violencia en los hospitales y centros de salud. Con el gobierno anterior firmamos un acuerdo que incluye la presencia de cuidadores hospitalarios, que no son policías sino compañeras y compañeros nuestros que deben ser preparados para evitar situaciones de violencia”.

Además, ante la falta de presupuesto suceden situaciones como una guardia pediátrica que lleva 2 años sin profesional a cargo y la desesperación de las familias de las y los niños a veces desencadena reacciones violencias. “No solamente está en riesgo la vida del pacientito o pacientita sino también la nuestra”. En este sentido, contó la situación que sufrió una pasante en un hospital público de Berazategui, en la que un desconocido entró a la institución e intentó violarla mientras ella estaba trabajando. “Hay un Estado que es responsable de lo que le pasó a la compañera”.

Beresovsky informó que “hay una feminización de la profesión en Salud”, que alcanza una proporción de 60 y 40%, y agregó: “Las recidentes son el eslabón más débil porque muchas veces cubren huecos que no está cubriendo el personal de planta. Y si en la Provincia tenemos dificultades, en los municipios la situación se acrecienta”. También denunció la falta de jardines en hospitales y centros de salud. “Solo un tercio de las instituciones los tienen y de esos no todos están en las condiciones que deberían”.

Para finalizar se refirió a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito que, si bien no fue aprobado, se masificó en el último tiempo: “No se cumple la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), con lo importante y necesaria que es. También tenemos inmensas dificultades para que se lleven adelante los ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Se pueden realizar en los centros de salud y en los hospitales abordarse las complicaciones, sin embargo tenemos fuertes dificultades para llevar adelante los ILE del segundo trimestre. Sin embargo, hay que decir que El debate público ha incentivado el debate sobre el aborto en nuestros hospitales y también en nuestros gremios. Así que debemos felicitarnos por el gran paso que hemos dado”.

Luego tomó la palabra Iris Duarte, secretaria de Acción Social de la CTAA Berisso (Barrio Santa Cruz) contando el aumento de las situaciones de violencia de género en el territorio y las problemáticas de las mujeres: “Tenemos una copa de leche donde van madres que nos cuenten lo que les pasa y ahí se sienten contenidas”. En este mismo sentido se expresaron Gisela Barbosa y Cecilia Arregim, vocal de Central y referente territorial respectivamente, compartiendo la situación de violencia de la que fue víctima: “Gracias a las compañeras de la CTAA hemos podido salir adelante”.

“Los juzgados de familia que son los que van atienden casos de violencia de género, tienen cada vez menos trabajadores y trabajadoras”, contó Karina Albarracín, secretaria de Género de la Federación Judicial Argentina y agregó: “Las entrevistas se hacen rápido y con compañeras y compañeros que no están capacitados con perspectiva de género para poder asistir a aquellas que son víctimas de violencia. Por eso exigimos urgente capacitación para todas y todos, desde el juez hasta el último trabajador. También es necesario el protocolo de actuación y debe salir del Presupuesto que se va a votar próximamente, porque la compañera que quiere hacer la denuncia está cansada de que la tengan dando vueltas sin darle respuesta”.

En este mismo sentido opinó Débora Bertone, secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y denunció la constante revictimización de las mujeres que se acercan a denunciar situaciones de violencia, la falta de coordinación entre los fueros del Poder Judicial y la falta de personal que atienda las demandas del sector. “En la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenemos institucionalizada el área de violencia doméstica y de la mujer, donde se diseñan las políticas que tienen que ver con género dentro del Poder Judicial. Nosotras entendemos que en la Provincia de Buenos Aires también tiene que existir esta institucionalización de la mirada de género”, contó.

“Sucede que un mismo hecho de violencia genera distintas causas tramitan tanto en el fuero penal, de familia y también interviene la Defensoría. Entonces necesitamos sí o sí una coordinación, una mirada y una respuesta única, porque hoy las mujeres deben dar explicaciones de la situación de violencia que atravesaron en cada oficina a la que se acercan. Eso es revictimizar a las compañeras”. También se refirió al pedido de expulsión de los magistrados denunciamos por violencia y abuso. “Celebramos que estén por correr de su cargo al juez García de Olavarría” denunciado por acoso y maltrato laboral.

“El presupuesto en el área de género es fundamental para la temática que es transversal a todas la áreas del Estado”, opinó Celia Lorente, secretaria general de AJB Dolores y agregó: “Lo que no se invierte en calidad de vida para erradicar la violencia contra las mujeres, se paga con precarización, hambre, angustia, depresión, niñez vulnerada y a veces la muerte. Todo esto significa una falta de acceso a la justicia y carencia de derechos para mujeres, disidencias, niños y niñas que son quienes padecen más violencia e injusticia en la Provincia de Buenos Aires”.

“Las defensorías oficiales especializadas y gratuitas para mujeres en situación de violencia, tampoco existen, por lo tanto las oficiales que es donde van las compañeras que menos recursos tienen, están desbordadas y sin recursos para poder atender”. Denunció además que en la Provincia no se aplica la Ley Brisa, creada cómo ayuda económica para la familia de las mujeres víctimas de femicidios. Para finalizar habló de un Poder Judicial “machista y patriarcal” y expresó que el ajuste planteado en el Presupuesto en materia de género “es un crimen”.
A continuación expuso Analía Luna, trabajadora de la Defensoría del Pueblo: “Desde la Secretaría de Género, Niñez y Adolescencia tratamos de incidir sobre las políticas que lleva adelante el Poder Ejecutivo y Judicial y en algunos casos hacer recomendaciones al Poder Legislativo. Recibimos reclamos de ciudadanos y ciudadanas que de alguna manera fueron vulnerados en sus derechos por parte de algunas instituciones o no tuvieron las respuestas acordes a lo que exige la ley. En eso vemos la dificultad de acceso en las situaciones de violencia de género, porque sabemos que muchas mujeres no pueden salir de la violencia por lo económico. Ahí tiene un papel fundamental el acceso a la vivienda, principalmente porque las familias se van a acomodando como pueden y muchas veces terminan viviendo con el violento o con la familia del agresor”.

En este sentido, se refirió a las tierras en Melchor Romero donde se habían empezado a construir viviendas en el marco del programa Ellas Hacen: “Se crearon en el marco de un programa social para las mujeres en situaciones de violencia que como contraprestación ellas podían construir sus casas asesoradas por los técnicos del Ministerio de Desarrollo de Nación. Sin embargo no pudieron acceder a ellas porque no se hizo cargo el gobierno provincial, nacional ni el municipio. Hoy en día las compañeras comentan que hay un rumor de que quieren demoler lo que quedó que se fue arruinando. Hay una falta de responsabilidad y sensibilidad con la temática sin compromiso real”.

“Muchas mujeres tampoco pueden sostener un empleo formal en donde puedan cumplir las licencias por violencia de género o las que tienen que ver con el cuidado. Tampoco pueden sostener trabajos informales porque la falta de cumplimiento de las medidas de protección que implica mucho esfuerzo para las mujeres, pero no hay un seguimiento. Todo el tiempo la carga está en ellas que tienen que ir a avisarle a la Justicia que no se está cumpliendo lo que ordenaron. Eso complica hasta un empleo en una casa de familia porque los agresores muchas veces merodean en lugar de trabajo”.

“En muchos distritos del interior las mujeres no se animan a denunciar porque el nivel de exposición es tan alta que no se animan. Es un riesgo que te conozco el del municipio, el comisario, que conozcan al violento. El nivel de desprotección que se genera sobre la mujer que se animó a denunciar termina siendo muy grande, más aún cuando no está claro si hay una decisión política del Estado de querer erradicar la violencia”. Respecto a la diversidad sexual e identidades de género que también aborda la Defensoría explicó: “La población de la diversidad no cuenta ni siquiera con el patrocinio mínimo que cuentan las mujeres en situación de violencia de género. Solamente teniendo un patrocinio participar pueden hacer seguimiento de sus casos, por eso se acercan tanto a nosotros”. Recordó además que la Ley de Identidad de Género establece que para que una persona puede modificar su apariencia corporal en función de su identidad autopercibida, “necesita de intervenciones en materia de salud que tienen que estar dentro del plan médico obligatorio y eso muchas veces no sucede”, finalizó.

El cierre estuvo a cargo de Yanina Grismau, responsable del Departamento de Género e Igualdad de Oportunidades de ATE Provincia de Buenos Aires: “Estas políticas o no políticas que lleva adelante el gobierno de María Eugenia Vidal y las que se vienen en este Presupuesto, nos atraviesan a todas en cuando a necesidades y vulneración de derechos y eso quisimos plasmar en esta mesa. Y no solo se trata de quejas sino también de exigencias porque entendemos que ese Presupuesto debe abrazar las necesidades de las mujeres trabajadoras”.

También se manifestó orgullosa de formar parte del panel y celebró el camino recorrido junto a las compañeras de los distintos espacios políticos que “hemos aprendido a ser sororas y tejer redes porque nos necesitamos unidas” y agregó: “Nos entendemos más allá de las situaciones que atraviesan nuestras organizaciones, dejando de lado las mezquindades y poniendo el eje en nuestras necesidades y nuestra pelea que es una más de las que venimos dando desde que asumió este gobierno”.

“Estamos frente a un Estado que nos propone constantemente situaciones de precarización laboral que seguiremos repudiando, combatiendo y exigiendo que el Presupuesto contemple el pase a planta permanente de las compañeras. Nos quieren seducir con la infamia del presentismo pero le vamos a seguir dando batalla porque sabemos que estamos mal pagas y tenemos derechos a tomarnos licencia si queremos ser madres, si estamos enfermas o lo que decidamos porque son derechos que conquistamos. También seguiremos reclamando por la reglamentación de la Ley de Licencia por Violencia de Género para las trabajadoras estatales, porque no queremos carpeta psiquiátrica sino el abordaje específico que requiere la problemática y que el Estado implemente un equipo interdisciplinario que acompañe a la compañera”.

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